La seguridad de los ciudadanos debería estar por encima de cualquier negociación política. Sin embargo, en Cataluña llevamos años viendo cómo las prioridades del Govern y de los partidos independentistas parecen ir en otra dirección: reducir progresivamente la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional mientras se promete que los Mossos d’Esquadra asumirán todas las competencias. El problema es evidente: esa transición se está haciendo sin suficientes efectivos reales para cubrir el territorio. Y ciudades como Sant Feliu de Llobregat empiezan a sufrir las consecuencias.
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Salvador Illa han mantenido acuerdos con partidos separatistas que pasan por ampliar competencias exclusivas de los Mossos y disminuir todavía más el papel operativo de los cuerpos estatales en Cataluña. En paralelo, el discurso político insiste en una “policía integral catalana” como objetivo estratégico. Pero una cosa es el relato institucional y otra muy distinta la realidad de la calle.
Porque la realidad es que faltan agentes.
Los datos oficiales muestran que la criminalidad en Sant Feliu aumentó durante 2025, mientras continúan los operativos especiales contra drogas, armas y delincuencia organizada en el Baix Llobregat. Las intervenciones extraordinarias sirven para contener situaciones concretas, pero no sustituyen la vigilancia diaria ni la presencia preventiva en los barrios. Y eso es precisamente lo que muchos vecinos echan en falta.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿cómo pretende la Generalitat asumir más competencias policiales si todavía no puede garantizar suficientes patrullas en municipios metropolitanos densamente poblados?
Durante años se ha vendido la idea de que expulsar progresivamente a Guardia Civil y Policía Nacional de Cataluña era una cuestión de “normalidad competencial”. Pero esa decisión tiene consecuencias muy concretas. Cuando desaparecen efectivos estatales y los Mossos no tienen todavía capacidad suficiente para sustituirlos plenamente, el resultado no es más seguridad catalana. El resultado es menos policías disponibles en la calle.
Y eso lo pagan los ciudadanos.
En el debate televisivo de este mes se debatió sobre la aprobación de los presupuestos con el voto de calidad del alcalde y gracias a la abstención de un concejal de Veïns per Sant Feliu para dar visibilidad a la ruptura interna que tienen desde hace meses. Aunque se había previsto hablar también sobre seguridad no dio tiempo a debatir sobre este asunto y la Presidenta del Partido Popular fue la única que mencionó el tema ya cuando estaban fuera de tiempo y en pocos segundos agradeció la rectificación del Ayuntamiento respecto a los convocantes de la concentración del domingo 4 de noviembre que falsamente fueron acusados de racistas. Las inquietudes de los vecinos siempre deberían ser escuchadas y tenidas en cuenta por los gobernantes.
Después de la oleada de robos en viviendas este verano, la pelea multitudinaria en la feria, los robos con violencia de estos días y las permanentes quejas de acosos, intimidaciones y hurtos en las calles de Sant Feliu, los ánimos están muy caldeados.
Ha llegado el momento en Sant Feliu que cuando un amigo, conocido o vecino te cuenta que ha sido víctima de un robo o ha presenciado peleas en la calle ya ni te sorprendes. Poco a poco Sant Feliu está dejando de ser la ciudad segura y tranquila que había sido durante los últimos años.
La seguridad es la base en la que se fundamenta cualquier actividad, ya sea directa o indirectamente, y muchas veces sin que nos percatemos de ello pues este es el síntoma de que la seguridad está actuando eficazmente. Cualquier tipo de actividad que se desarrolle sin un mínimo de seguridad que garantice su desarrollo está, antes o después, condenada al fracaso. Del mismo modo que no podemos crear un hogar acogedor sin situarlo tras una puerta que lo asegure no podemos crear un país con los valores democráticos de los que hacemos alarde sin una puerta tras la que situarlo, esa puerta es lo que llamamos ejército.
Hace 20 años la banda terrorista ETA secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua.
En el pleno de marzo se aprobó por unanimidad una moción presentada por afectados del traslado del campito de la plaza Consell d’Infants. Dicha moción pedía que el campito se quedara en el barrio Falguera y preferentemente en la misma plaza cambiando la ubicación actual.
