La seguridad no puede depender de pactos partidistas

La seguridad de los ciudadanos debería estar por encima de cualquier negociación política. Sin embargo, en Cataluña llevamos años viendo cómo las prioridades del Govern y de los partidos independentistas parecen ir en otra dirección: reducir progresivamente la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional mientras se promete que los Mossos d’Esquadra asumirán todas las competencias. El problema es evidente: esa transición se está haciendo sin suficientes efectivos reales para cubrir el territorio. Y ciudades como Sant Feliu de Llobregat empiezan a sufrir las consecuencias.

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Salvador Illa han mantenido acuerdos con partidos separatistas que pasan por ampliar competencias exclusivas de los Mossos y disminuir todavía más el papel operativo de los cuerpos estatales en Cataluña. En paralelo, el discurso político insiste en una “policía integral catalana” como objetivo estratégico. Pero una cosa es el relato institucional y otra muy distinta la realidad de la calle.

Porque la realidad es que faltan agentes.

Los datos oficiales muestran que la criminalidad en Sant Feliu aumentó durante 2025, mientras continúan los operativos especiales contra drogas, armas y delincuencia organizada en el Baix Llobregat. Las intervenciones extraordinarias sirven para contener situaciones concretas, pero no sustituyen la vigilancia diaria ni la presencia preventiva en los barrios. Y eso es precisamente lo que muchos vecinos echan en falta.

La pregunta incómoda es inevitable: ¿cómo pretende la Generalitat asumir más competencias policiales si todavía no puede garantizar suficientes patrullas en municipios metropolitanos densamente poblados?

Durante años se ha vendido la idea de que expulsar progresivamente a Guardia Civil y Policía Nacional de Cataluña era una cuestión de “normalidad competencial”. Pero esa decisión tiene consecuencias muy concretas. Cuando desaparecen efectivos estatales y los Mossos no tienen todavía capacidad suficiente para sustituirlos plenamente, el resultado no es más seguridad catalana. El resultado es menos policías disponibles en la calle.

Y eso lo pagan los ciudadanos.