Dentro de unos meses hará dos años que empecé a preocuparme por el funcionamiento del cementerio de Sant Feliu. Unos vecinos afectados vinieron a pedirme ayuda ya que el Ayuntamiento les estaba enviando cartas diciendo que debían pagar no poco dinero por mantener sus nichos, que ellos creían que eran de su propiedad, o los restos de sus seres queridos irían a la fosa común.
En ese momento no me esperaba que una breve conversación tomando un café me llevaría a tener que estudiar sobre el apasionante mundo del derecho funerario…
Actualmente calculamos que hay un centenar de afectados que finalmente tendrán que ir a los Tribunales para defender sus derechos ante un Ayuntamiento que hace oídos sordos a sus reiteradas peticiones que actúen con cabeza y lógica, y que no se escuden en un informe de sus servicios jurídicos, más cuando con el IBI tenemos un antecedente muy claro. El juez finalmente dio la razón a los afectados y dictaminó que el criterio jurídico aplicado por el Ayuntamiento no era el correcto.
Básicamente lo que sucede aquí es que hubo gente que compró (o creyó comprar) en su momento un nicho, teniendo un documento que les otorgaba el nicho a perpetuidad. En 1988 la ley cambio y dictaminó que los cementrios al ser propiedad pública no pueden tener elemntos de propiedad privada y las concesiones pasarían a ser limitads en el tiempo, dando un máximo de 99 años.
En el pleno de marzo se aprobó por unanimidad una moción presentada por afectados del traslado del campito de la plaza Consell d’Infants. Dicha moción pedía que el campito se quedara en el barrio Falguera y preferentemente en la misma plaza cambiando la ubicación actual.
El pasado 11 de febrero de 2017 asistí como invitado al 18 Congreso del PP celebrado en la Caja Mágica de Madrid.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolor Montserrat, se ha reunido hoy con la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, Dolors Bassa. En declaraciones a los medios después de la reunión, la ministra ha destacado el tono cordial y dialogante de la reunión en el que se ha hablado de los problemas de los ciudadanos catalanes en materia social, “que son problemas de todos los españoles”.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, presentó ayer el Balance de Criminalidad correspondiente al año 2016. Desde enero a diciembre de 2016 se registraron en España un total de 2.011.586 infracciones penales, lo que constituye un 1,2% menos con respecto al mismo período de 2015, cuya cifra fue de 2.036.815. El total de las infracciones penales registradas conduce a que la tasa de criminalidad resultante se encuentre en 43,2 delitos por cada 1.000 habitantes.
Desde tiempos de CIU Cataluña ha sido de color azul, el color azul de CIU. Pero, ¿puede haber otro coloz azul? ¿El color azul, por ejemplo del PPC? Puede ser.
