Dentro de unos meses hará dos años que empecé a preocuparme por el funcionamiento del cementerio de Sant Feliu. Unos vecinos afectados vinieron a pedirme ayuda ya que el Ayuntamiento les estaba enviando cartas diciendo que debían pagar no poco dinero por mantener sus nichos, que ellos creían que eran de su propiedad, o los restos de sus seres queridos irían a la fosa común.
En ese momento no me esperaba que una breve conversación tomando un café me llevaría a tener que estudiar sobre el apasionante mundo del derecho funerario…
Actualmente calculamos que hay un centenar de afectados que finalmente tendrán que ir a los Tribunales para defender sus derechos ante un Ayuntamiento que hace oídos sordos a sus reiteradas peticiones que actúen con cabeza y lógica, y que no se escuden en un informe de sus servicios jurídicos, más cuando con el IBI tenemos un antecedente muy claro. El juez finalmente dio la razón a los afectados y dictaminó que el criterio jurídico aplicado por el Ayuntamiento no era el correcto.
Básicamente lo que sucede aquí es que hubo gente que compró (o creyó comprar) en su momento un nicho, teniendo un documento que les otorgaba el nicho a perpetuidad. En 1988 la ley cambio y dictaminó que los cementrios al ser propiedad pública no pueden tener elemntos de propiedad privada y las concesiones pasarían a ser limitads en el tiempo, dando un máximo de 99 años.
Lo que piden los afectados es que esos 99 años empiecen a contar desde la fecha del inicio de su título. Lo que hace el Ayuntamiento es irse al primer título que haya del nicho para así asegurarse que eso 99 años ya han expirado y hacer pasar por caja a personas que se han visto «expropiadas» de algo que inicialmente creían de su propiedad bajo la amenaza de trasladar los restos de sus seres queridos a la fosa común.
Nosotros no nos cansaremos de dar apoyo a los afectados y mientras llega el juicio seguiremos votando a favor de ellos todas las veces que vengan a presentarnos su moción.
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