Hemos ganado la batalla cultural

Hace años que en España tenemos un grave problema social, la ocupación ilegal de inmuebles. Vemos con preocupación como las ocupaciones no han parado de aumentar, algo que no debe extrañarnos cuando vemos las absurdas leyes que dan más derechos al delincuente que al propietario, algo inédito si lo comparamos con otras legislaciones de países desarrollados. La policía se ve impotente ante una ocupación y están carentes de herramientas legales para desalojar al ocupa, algo que deja a los legítimos propietarios ante un calvario judicial que puede durar años para recuperar su inmueble.

El 43% de las okupaciones que se han producido en España entre enero y junio de 2022 han sucedido en Cataluña. Este problema no es sólo un ataque a la propiedad privada, sino que genera conflictos vecinales, suele provocar daños en elementos comunes de la comunidad de propietarios, en el propio inmueble, generan riesgos de seguridad por las conexiones ilegales a los suministros de electricidad, agua y gas. Y podemos seguir con una larga lista de problemas generados a propietarios y vecinos del inmueble ocupado.

Desde el Partido Popular de Sant Feliu hemos estado preocupados por este fenómeno desde hace años haciendo ruegos en el pleno y llegando a presentar una moción solicitando medidas de seguridad en pisos ocupados ilegalmente. En muchos otros municipios de Cataluña y España compañeros concejales han presentado iniciativas similares llegando a crear el embrión ideológico de la creación de Oficinas municipales anti-okupas en municipios de toda España.

La moción inicial presentada en enero de 2019 fue aprobada pero sus acuerdos nunca llegaron a ponerse en marcha y es por ello que debemos volver a insistir que es necesario que el Ayuntamiento de Sant Feliu controle este fenómeno en nuestra ciudad. En la moción aprobada el Ayuntamiento se comprometía a estos tres puntos:

  1. Que se elabore un censo con todos los pisos ocupados ilegalmente en Sant Feliu de Llobregat
  2. Que se cree una comisión para redactar un protocolo de actuación para vecinos afectados por pisos ocupados ilegalmente.
  3. Que se proceda a la inspección de las condiciones de salubridad y seguridad de los pisos ocupados ilegalmente y se precinte las instalaciones ilegales que puedan poner en riesgo la vida de los ocupantes y vecinos.

En nuestro programa electoral para las elecciones municipales que se celebrarán en 7 meses seguiremos reclamando dichas medidas añadiendo además:

  1. Desalojo de los ocupas en el plazo máximo de 24h desde el requerimiento
  2. Desalojo inmediato en caso de flagrante delito
  3. Mejorar la protección jurídica frente a la actuación de las mafias
  4. Considerar nula la inscripción de un ocupante ilegal en el padrón municipal
  5. Prohibir que un inmueble okupado tenga la consideración de morada o domicilio.
  6. Devolución del IBI al propietario cuyo inmueble haya sido ocupado.

La izquierda ha pasado de negar el problema atribuyéndolo a bulos de los partidos de la derecha a reconocer que es un problema y empezar tímidamente a tomar medidas. Esta es una batalla cultural que hemos ganado y en cuanto tengamos responsabilidades de gobierno será una batalla social y legal que ganaremos devolviendo a los ciudadanos la seguridad jurídica y la protección legal.

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