La élite independentista contra todos

INDEPENDENCIA CONTRA LA MAYORÍA. A pesar de que una mayoría absoluta de los catalanes no quiere la independencia, a lo largo de estos años el Govern de la Generalitat ha dedicado la mayor parte de sus esfuerzos a pensar cómo “engañar al Estado”, romper la Constitución, saltarse la ley y vulnerar los derechos y las libertades de los catalanes. Se ha hecho apología pública de la desobediencia. Todo ello demuestra una bajísima calidad democrática.
INDEPENDENTISTAS CONTRA LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUTO. El Govern organizó la consulta del 9N desobedeciendo al Tribunal Constitucional, tal como han constatado las sentencias de inhabilitación de Mas, Rigau y Ortega. Ahora quieren repetir el 9N con un referéndum que ya saben que vulnera la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
GENERALITAT CONTRA EL CONSEJO DE EUROPA. La Comisión de Venecia ha proclamado reiteradamente que no tiene ninguna validez democrática un referéndum convocado al margen del Estado de Derecho. En su Código de Buenas Prácticas sobre Referendos se afirma en diversas ocasiones: “El uso de los referendos debe cumplir con el sistema legal en su totalidad”; “el principio de soberanía del pueblo permite que éste tome decisiones solo de acuerdo con la ley”; “los referendos legislativos deben, por lo tanto, cumplir con la Constitución; en las entidades federativas o regionales deben cumplir con la ley central del Estado”.
GENERALITAT CONTRA EL CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS. El Govern de la Generalitat ha desoído sistemáticamente los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano nombrado por el propio Parlament para velar por la adecuación a la Constitución y el Estatuto. La CUP ha propuesto la suspensión del Consejo de Garantías Estatutarias.

INDEPENDENTISTAS CONTRA LOS DERECHOS DE LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA. Los grupos independentistas y sus líderes parlamentarios han situado en diversas ocasiones al Parlament al margen del Estado de derecho y han violentado las reglas de funcionamiento de la propia cámara. La admisión a trámite por la Mesa de la “resolución sobre el inicio del proceso político en Cataluña” [9N 2015] como la constitución de la tres ponencias para las leyes de la desconexión se realizaron infringiendo el Reglamento del Parlamento y vulnerando los derechos de los demás grupos parlamentarios, como ha declarado el T. Constitucional. La modificación del Reglamento del Parlamento para agilizar la tramitación de las leyes de desconexión y dificultar su control judicial es un golpe a la pluralidad democrática. JxSí y la CUP desoyeron la oposición de cuatro de los seis grupos parlamentarios y utilizaron su mayoría en la Mesa y en la Junta para reducir al mínimo el plazo de presentación de enmiendas y forzar la creación de la ponencia conjunta, en la que solo han participados estos dos grupos.
PRESUPUESTOS INCONSTITUCIONALES. Tanto los presupuestos de 2015 como los de 2017 fueron aprobados a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias había proclamado que contenían partidas inconstitucionales y antiestatutarias.
CONTRATOS BAJO SOSPECHA. Existen, además, indicios de la existencia de irregularidades en la licitación de los contratos adjudicados por la Generalidad de Cataluña en el ámbito del proceso secesionista. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Guardia Civil están investigando el posible desvío de fondos en alguno de estos contratos, que ya fueron informados desfavorablemente por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
UNA ESTELADA PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN. Tampoco puede obviarse la profunda corrupción que ha existido en la Generalidat, fundamentalmente en el ámbito de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), partido antecesor del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECat), al que pertenece el actual presidente de la Generalidad. Jordi Pujol, presidente de la Generalidad desde 1980 hasta 2003, está siendo investigado por blanqueo de capitales y fraude fiscal, entre otros delitos presuntamente cometidos por él y su familia. Artur Mas, su sucesor al frente de CDC y presidente de la Generalidad de 2010 a 2016, ha sido condenado por un delito de desobediencia. Y existen varios juicios orales abiertos para enjuiciar la presunta financiación ilegal de CDC.