En el Pols de la Ciutat del mes de enero hablamos sobre la pobreza energética, una lacra que sufren demasiadas familias de nuestra ciudad y de nuestro país. Normalmente los servicios sociales municipales son los que se ocupan de recibir las consultas y peticiones de familias que no pueden hacer frente al pago de recibos de la luz, el agua o el gas. Desde el Ayuntamiento cuando nos encontramos en esta situación lo único que podemos hacer es pagar el recibo.
Desde el gobierno central se han tomado medidas como el acuerdo adoptado con el PSOE para legislar que se prohíban los cortes de suministros a nadie en España. Ahora falta desarrollar el reglamento y que entre en vigor, cierto es que esto no será antes de marzo y este invierno aún habrá quien pase penurias. También es cierto que el Partido Popular ha adoptado medidas como el cambio de calcular el precio de la energía eliminando las llamadas subastas eléctricas ya que era un modo opaco de pactar los precios, aunque con esta medida no hemos evitado que siga subiendo el recibo de la luz, no se ha disparado como en años anteriores pero no ha sufrido una rebaja considerable.
Mientras en España no haya un pacto de estado respecto a la generación y distribución de energía el único debate que nos queda es saber qué administración paga los recibos de las familias vulnerables.
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